El socialista Manuel Arribas defiende la “carga social” de la política de vivienda del Gobierno

Destaca nuevas fórmulas de reactivación del sector

El diputado socialista Manuel Arribas ha sostenido que la política de vivienda del Gobierno tiene “una elevada carga social”. Además, destaca las nuevas fórmulas para la reactivación del sector de la construcción.

El parlamentario ha puesto en valor la nueva regulación a la que ha dado luz verde el Gobierno para “la promoción del alquiler asequible o social” mediante la colaboración entre administraciones públicas y la iniciativa privada, y a su vez, “impulsar el sector de la construcción”.

Arribas se ha referido al Real Decreto Ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del Covid-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, que establece, entre otras medidas, una nueva regulación del denominado derecho de superficie.

«Ese derecho establece la posibilidad de que las Administraciones Públicas, titulares de parcelas o terrenos sin uso específico, puedan conveniar con el sector privado para que promotores privados construyan sobre ellas viviendas de carácter social», ha explicado.

Novedad

En este sentido, ha aclarado que “la novedad consiste en que ahora la norma determina que, en estos casos, no sea preceptiva la existencia de un canon a abonar a la administración, estableciéndose simplemente una obligación al superficiario por la cual deberá ofrecer las viviendas que sobre estos solares construya en régimen de alquiler, con rentas asequibles o sociales, que en todo caso serán limitadas”.

Esta fórmula “no supone ningún menoscabo al patrimonio público”, ya que vencido el plazo de concesión, que puede durar hasta 80 años, “se resolverá automáticamente el contrato y, tanto la superficie cedida, como las viviendas construidas sobre la misma, pasarían a integrar de nuevo el patrimonio de la Administración superficiante o cedente».

Arribas ha subrayado la “doble vertiente” de esta novedad: «Lo que pretendemos con esta nueva regulación legal es, en primer lugar, aumentar las posibilidades de que las familias puedan acceder a una vivienda, cumpliendo así con la función social de la vivienda que establece nuestra Constitución”.

Asimismo, se consigue «dinamizar la economía, generar expectativas al sector inversor e ir generando un parque público de vivienda que actualmente es insuficiente y que ha ido a menos por determinadas políticas desarrolladas en el pasado reciente».

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